El anteproyecto, cuyo contenido explicará el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, es consecuencia del Plan de Lucha contra el Dopaje aprobado por el Gobierno en febrero pasado con 59 medidas, algunas ya en marcha, centradas en la prevención, el control y la sanción.

La aplicación de dicho Plan requiere una serie de reformas legales para hacer realidad algunas de las medidas previstas, sobre todo las más novedosas, recogidas en el texto aprobado ayer y propuesto conjuntamente por los Departamentos de Educación y Ciencia, Justicia, Sanidad y Consumo e Interior.

La futura Ley cuenta con un "amplio consenso", según indicó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien reiteró la voluntad del Ejecutivo de que España esté en "la vanguardia de la lucha contra el dopaje" y la necesidad de dar respuesta a la preocupación ciudadana ante la amenaza social de éste y el grave riesgo para la salud pública y la de los deportistas.

"El anteproyecto garantiza el cumplimiento de las sanciones y ha sido muy cuidadoso con los derechos de los deportistas en su descanso y su intimidad; garantiza sus derechos y refuerza sus obligaciones, las de sus equipos, sus médicos y sus directivos", declaró Fernández de la Vega.

Tras recordar que la futura ley ha sido consensuada con federaciones y organismos deportivas, además de comunidades autónomas, la vicepresidenta primera indicó que ésta "representa un cambio con respecto a la práctica tras quince años de aplicación de una normativa que se ha quedado antigua".

"Esta ley no va a ser sólo una norma para el presente sino también para el futuro del deporte español", añadió Fernández de la Vega, que recordó que los objetivos de la ley se centran en la protección de los fundamentos de la competición deportiva entre iguales, los valores de la cultura del juego limpio y la dimensión formativa del deporte.

La aprobación del texto reitera el compromiso del Gobierno, que va a presentar la candidatura de Madrid para ser sede en 2007 de la III Conferencia Mundial contra el Dopaje, de considerar prioritaria la lucha antidopaje, con una política de tolerancia cero y una acción de los poderes públicos más allá del ámbito deportivo.

La reforma legislativa pretende situar a España al frente de la ofensiva internacional contra el dopaje en el deporte; armonizar la legislación española con el consenso internacional y reforzar la proyección internacional de España como potencia de primer nivel en la organización de acontecimientos deportivos.

Creación de una Agencia Española

Las principales novedades del anteproyecto se centran en la reforma del Código Penal y el fin de la impunidad que ha rodeado hasta ahora al entorno del deportista en las prácticas de dopaje; la puesta en marcha de la Agencia Española Antidopaje y la Comisión de Seguimiento y Control de la Salud y el Dopaje.

La extracción de muestras sanguíneas en la realización de controles de dopaje y la realización de análisis por sorpresa fuera de la competición, aunque con límites horarios y de procedimiento para preservar el derecho al descanso, a la intimidad y a la dignidad de los deportistas profesionales, son otras de las innovaciones.

El anteproyecto, que modifica la Ley del Deporte de 1990 en todo lo referente a la normativa relativa al dopaje, permitirá el control, la inspección y el posible decomiso de sustancias prohibidas en botiquines de los equipos médicos que intervienen en competiciones deportivas.

También es objetivo de la nueva norma acortar plazos, evitar dilaciones en la resolución de expedientes sancionadores por dopaje e introducir una fórmula arbitral de resolución, que evite el sistemático recurso a la justicia ordinaria tras sanciones por positivos en controles de dopaje.

La regulación de sanciones por venta ilegal de suplementos nutricionales que contengan sustancias prohibidas y peligrosas para la salud y la creación de la tarjeta sanitaria del deportista son otras de las novedades del texto, que introduce modificaciones puntuales en preceptos que afectan a la Ley de Seguridad Ciudadana y a la Ley del Régimen Jurídico de lo Contencioso-Administrativo.

Antes de su aprobación definitiva como proyecto de ley, el Consejo de Ministros someterá el anteproyecto a los informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado.